Cerraron 678 merenderos porque "no cumplían con los objetivos"
La cifra fue reconocida por el ministro de Desarrollo Social, Sergio Tamayo y se da en la línea de la organización de los 80 mil planes sociales distribuidos en toda la provincia. Pese a ello se confirmó que las personas que los tenían a cargo no perderán el beneficio.
De esa manera el Estado continuará pagando a los responsables de los merenderos pero les asignará "una nueva función" dentro de la administración pública.
Tamayo fue elegido por el gobernador Alberto Rodríguez Saá para que organice los planes sociales que en 2017 crecieron a 80 mil.
En el marco de esa organización, es que confirmó hoy en declaraciones a Radio Popular que 678 merenderos creados en plena época electoral cerraron sus puertas porque “no cumplían con los objetivos”.
Estos espacios se abrieron bajo la identificación de "22 AG" (en referencia a la fecha de su creación) en diferentes puntos de la provincia después de la derrota que sufrió el oficialismo provincial en las PASO. Así le brindaron un beneficio social a cientos de personas para que los atiendan.
En un primero momento, el Gobierno informó que existían 400 en todo el territorio puntano, pero cifras extraoficiales indican que son alrededor de 5 mil.
El ministro descartó que la decisión se haya tomado por una “mala utilización de los fondos” y explicó que se debe a que los chicos "dejaron de ir a retirar la merienda en estos lugares".
A su vez, el funcionario aclaró que los responsables “no perderán el beneficio, sino que se les destinará otra función”.
Al ser consultado sobre las acusaciones de que los productos que se otorgan en los merenderos (una barrita de cereal, una chocolatada y un alfajor), se vendían a través de las redes sociales, Tamayo sostuvo que los casos fueron investigados y que “carecían de veracidad" cuando los profundizaron.
Las primeras declaraciones
Una semana después de su asunción, Tamayo confirmó que estaba trabajando para "reubicar" a 47800 beneficiarios (quienes según confirmó están agrupadas en Inclusión Social, Plan Solidario, Brigada Solidaria y Seguridad Comunitaria).
En ese momento, de acuerdo con sus declaraciones a la prensa "se estaban definiendo" las funciones que iban a cumplir dado que muchos cobraran sin estar desarrollando tareas para el Estado.
Según las últimas cifras oficiales proporcionadas por la ministra de Hacienda, Natalia Zabala Chacur, la actual gestión de Rodríguez Saá nombró 74 mil beneficiarios en los planes sociales creados en el último semestre.
Hasta junio el único vigente era el PIS que albergaba a un poco más de 5 mil personas. Ahora son alrededor de 80 mil.